ESTO Y AQUELLO
ARRECIA LA CONSPIRACION CONTRA VENEZUELA
Es evidente que en Venezuela se vive una conmoción social. Negarlo sería iluso. Las modificaciones de la Asamblea Constituyente de 1999, el cargamento de nuevas perspectivas y de novedosos paradigmas políticos y jurídicos son importantes en la vida cotidiana de cualquier sociedad. Y, luego, la revolución bolivariana comienza realmente, respetando las reglas de la democracia burguesa, con la Ley habilitante de 2001 a través de la cual se promulgó la Ley de Tierras y otros instrumentos jurídicos que han tratado de desmenuzar los diversos monopolios que el capitalismo dependiente y atrasado estableció en este país.
Esta revolución bolivariana pretender abrirle un cauce a la rabia popular acumulada desde 1983 con la devaluación de la moneda y desde 1989 con la entronización del paquete de medidas neoliberales mediante las cuales se le entregó al capital monopolista transnacional monopolios del sector público, lo que condujo a debilitar al Estado y a convertirlo en un actor más controlado por las empresas privadas.
La respuesta de la derecha venezolana a una democracia participativa y protagónica consistió en el golpe militar, el sabotaje petrolero, la subversión callejera y la guerra mediática tanto nacional como internacionalmente. A las amenazas del Departamento de Estado y de las más altas autoridades del gobierno de los Estados Unidos de América. A la intromisión descarada del capital transnacional español y del gobierno del señor Aznar del Reino de España en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela.
La contraofensiva del gobierno venezolano consistió en adelantar programas sociales para las inmensas mayorías dirimidas de la sociedad venezolana. Llevar a cabo un programa auspicioso de inversiones en infraestructura, transporte y comunicaciones. Revolucionar el sistema educativo venezolano. Incentivar las experiencias cogestionarias, autogestionarias y cooperativas en las relaciones de producción, garantizar la aplicación de una avanzada legislación del trabajo, asignar créditos directamente a los colectivos sociales organizados, ayudar a empresarios nacionales, etc.
Al mismo tiempo se recuperan las empresas básicas del país, especialmente las de la zona de Guayana, que habían sido diezmadas con el objeto de privatizarlas. La experiencia de la privatización argentina, adelantada durante el régimen de Menem, fue desechada por el gobierno venezolano. El sector privatizado de la economía venezolana, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1994) no cumplió con los objetivos sociales de aquel proceso. Viasa, por ejemplo, la línea aérea bandera venezolana fue quebrada por la estatal española Iberia y todos sus bienes inmuebles destruidos, con lo cual se abre un largo proceso jurídico en los tribunales venezolanos que está por dirimirse y que de ser favorable a los demandantes conllevaría serias sanciones en el plano internacional al Reino de España: tendrían que devolver los aviones y pagar a los deudores. Asimismo con la empresa que es monopolio de las telecomunicaciones, adquirida por una fachada comercial de la familia Bush, y que ha servido para concentrar aún más el uso de las telecomunicaciones en las zonas urbanas o turísticas, el balance que se puede hacer es que no ha invertido en el desarrollo de esos servicios en el resto del país ni ha permitido abaratar el acceso de otros operadores privados al negocio de las telecomunicaciones.
Manteniendo la propiedad privada y las posibilidades de su expropiación por causas de utilidad pública, Venezuela ha desarrollo una amplia democracia social en la cual actores de diversa naturaleza inciden en la profundización democrática.
La industria petrolera fue recuperada por el gobierno para el sector público cuando, a partir del sabotaje petrolero de 2002-2003, la gerencia neoliberal de Pdvsa fue derrotada en todos los terrenos. Eso permitió abrir la caja de Pandora de la multinacional venezolana y establecer nuevas políticas que serían ejecutadas por el ministerio de Energía, una entidad de la República que, con el proceso neoliberal, había quedado para simples trámites burocráticos.
La trabazón del gobierno venezolano con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con la Liga Árabe y, en general, con el mundo islámico y su solidaridad con los pueblos libaneses, palestinos y sirios, así como los convenios firmados con la República Islámica de Irán, ha permitido al país abrir sus horizontes en el mundo del oro negro.
Al mismo tiempo, los convenios con las empresas transnacionales petroleras, adoptados sobre la base de la legislación y la tradición venezolanas en esa materia, sirvieron para que el país prescindiera de la tecnocracia pitiyanqui enquistada en Pdvsa. Luis Giusti, que fue presidente de la estatal petrolera venezolana por casi una década, privatizó áreas vitales de la industria para terminar, como es hoy, asesor de la Casa Blanca, y de Bush, en materia energética.
Para contrarrestar la guerra mediática, el gobierno venezolano promovió medios de comunicación alternativos y gestionados por las mismas comunidades. Asimismo abrió nuevas televisiones y fortaleció las empresas públicas anteriormente existentes en esas áreas.
Las organizaciones sindicales controladas por la derecha y que sirvieron de fachada a las diversas conspiraciones y sabotajes producidos han sido respetadas. Una nueva sindical, la UNT, aparece en el país donde distintas sectores sindicales que responden a los intereses partidistas del nuevo pluralismo de la realidad venezolana ejercen su influencia sobre las clases trabajadoras y campesinas.
Por otro lado, el Presidente de la República ha sometido su mandato a referéndum y a varias justas electorales. Fortalecida, la democracia bolivariana ha sido respaldad por el voto de las mayorías nacionales.
Para el 2007 el Presidente de la República solicitó al Poder Legislativo una nueva Ley Habilitante que le permitirá legislar mediante decretos en una serie de áreas en las cuales es indispensable realizar modificaciones jurídicas, políticas, económicas y sociales con el objeto de cumplir el mandato de los electores y combatir las secuelas de la corrupción, de un Poder Público que todavía arrastra muchas ineficacias y deficiencias para servirle a los ciudadanos.
Igualmente, se ha designado una comisión de notables que revisará los contenidos de la carta magna y presentará una reforma constitucional que debe ser sometida a referéndum.
A partir de los días finales de enero de 2007 la arremetida y el acoso contra Venezuela desde los centros del poder transnacional han crecido exponencialmente. En el foro neoliberal de Davos se acusa directamente al gobierno venezolano de aplicar políticas públicas contraproducentes contra el comercio mundial. El aznarismo español enfiló sus baterías contra la Venezuela bolivariana. Y, hasta Bush declara que Estados Unidos vigilará por la suerte de las instituciones democráticas en Venezuela, mientras que J. Negroponte –un auténtico criminal de guerra- hasta ayer jefe de los servicios de seguridad e inteligencia de la república norteamericana señaló a Venezuela de estar desestabilizando las democracias de América del sur con sus “políticas populistas”.
La guerra mediática, o un nuevo nivel de ella, estalló apenas ayer en las televisiones de los Estados Unidos y de España, ya que el Poder Legislativo venezolano habilitó al Presidente de la República para legislar en diversas áreas de interés público y de interés estratégico para los principios constitucionales que garantizan la justicia, el estado de derecho y la libertad de los ciudadanos de este país.
Los anuncios presidenciales se han enfocado en estos principios de 2007 a proponer para Venezuela un tipo de sociedad socialista donde lo público no esté bajo el control de los entes monopólicos privados sino que sea gestionado por los ciudadanos organizados directamente. Esto implica como se comprenderá una serie de modificaciones en el ordenamiento jurídico del país y la adopción de nuevas políticas públicas sobre la base de las nuevas leyes.
La intromisión de las potencias imperiales en los asuntos internos de Venezuela es intolerable en el marco de la doctrina de la ONU y en el respeto civilizado a la autodeterminación de los pueblos. Venezuela es un país soberano que se rige por las decisiones que en su interés adoptan sus habitantes, su pueblo. Las instituciones democráticas funcionan plenamente en el país y las libertades públicas y privadas son respetadas en el marco de lo que dictan las leyes.
Cualquier agresión directa o indirecta a los derechos que le corresponden a Venezuela en tanto país soberano y como miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sería un irrespeto al derecho internacional que, probablemente, generaría una inmensa crisis colectiva en el Caribe y en América del sur; y a la paz entre las naciones.
Si un soldado yanqui osa hollar el sagrado suelo de la patria será ejecutado inmediatamente por las fuerzas de defensa de la República Bolivariana de Venezuela. O si el capital financiero euro norteamericano pretende asfixiarnos económica, diplomática y financieramente usaremos el petróleo como un misil balístico.
Por defender a Venezuela los venezolanos seremos, como hemos sido en el pasado, fieras indomables.
Floreal Castilla.
Venezuela, 1 de Febrero de 2007