ECUADOR ¿El referéndum del 28 de septiembre iniciará la vía antiliberal?
Después de Venezuela y Bolivia, Ecuador, dirigido por el presidente progresista Rafael Correa, electo a finales de 2006, está comprometido en un proceso de profunda transformación de su Constitución. La Asamblea constituyente, elegida en septiembre de 2007, presentó en julio último, un proyecto de Constitución que será sometido a referéndum, el 28 de septiembre. En un país donde la gran mayoría de los 13 millones de habitantes vive con grandes dificultades, el proyecto sitúa en el centro del debate, la soberanía popular. Mientras tanto la campaña ha estado marcada por incidentes, y el presidente ecuatoriano ha manifestado sus temores a provocaciones propiciadas por la oposición de derecha en el momento del escrutinio. Un guión practicado ya, en varios países de la región.
Paul Euzière, colaborador de la revista “Recherches internationales” aclara en este texto para “Humanité Dimanche” lo que está en juego en un país sometido desde decenios a la lógica neoliberal.
Si la nueva constitución es adoptada, será la número 20 de la agitada historia de Ecuador. Como las dos grandes constituciones progresistas que la han precedido, la de 1906 (instaurando el Estado laico) y la de 1945, es fruto de de décadas de luchas.
Es la prueba de facto de que los cambios esperados por la población no pueden ser realizados en el marco institucional que la derecha (Partido social-cristiano, Democracia popular y Partido liberal) había definido con la constitución de 1998. Una constitución cuya función esencial era anclar el país en el neoliberalismo, creando instrumentos jurídicos para la privatización del Estado. Lo que ha generado la profunda crisis que conoce el país.
Para el presidente, Rafael Correa, y los que apoyan la nueva Carta Magna: el movimiento Alianza País (1) y el Movimiento Popular Democrático (emanación del PCMLE ex – maoísta) no se trata de una Constitución socialista, pero sí aporta los fundamentos progresistas que permitirán un paso adelante para superar las injusticias y las discriminaciones.
“Es necesario deshacerse del constitucionalismo neoliberal revalorizando la soberanía popular y democratizando la sociedad. Esta profunda reforma, contradictoria con el modelo que concentra la riqueza y crea injusticias, significa una refundación del Estado” expresa el ex presidente de la Asamblea nacional Alberto Acosta. Fruto del trabajo de ocho meses, en el que han participado centenares de grupos organizados y de personas a través de todo el país, esta refundación está cimentada sobre 444 artículos y una treintena de disposiciones transitorias. Los contenidos y la gestión de la misma son decididamente innovadores. Éstos van contra-corriente de los postulados de la globalización neoliberal. La Naturaleza, el ciudadano, el trabajador ven sus derechos afirmados y situados en el centro de una reflexión que alcanza igualmente al modelo económico y social.
LA NATURALEZA TIENE DERECHOS
Desde el preámbulo, la Constitución recuerda el lazo vital de cada uno con Pacha Mama – La Madre Tierra, en quechua – y con “la herencia de las luchas sociales y de liberación frente a todas las formas de dominación”. Se trata de construir una nueva forma de convivencia ciudadana en la diversidad y en armonía con la naturaleza. La naturaleza no es un objeto de debe ser modificado e instrumentalizado en función de las exigencias del mercado sino un “sujeto de derecho” reconocido por la Constitución (artículo 10). De allí deriva que el agua en adelante será “patrimonio nacional estratégico de utilidad pública”, inalienable y por lo tanto no privatizable (artículo 12). Las personas y las colectividades ven garantizadas “el derecho a alimentos sanos, preferentemente de productos locales” (artículo 13). En la misma lógica, la protección del ecosistema y de la biodiversidad, y la rehabilitación de los espacios naturales degradados son declaradas de interés público.
EL PODER CIUDADANO
La redefinición de las relaciones de poder entre el Estado y el ciudadano se traduce en una extensión extraordinaria de los derechos de participación y de control. Se señala especialmente la posibilidad de presentar a todos los niveles proyectos de iniciativa popular, de control de los poderes públicos y de revocar los cargos electos (artículo 61, 95 y 104). La transparencia y el control social son asegurados por la creación del “consejo de participación ciudadana y de control social” encargado de impulsar el control en los asuntos de interés público. Los extranjeros con 5 años de residencia legal en el país tendrán derecho al voto. A destacar el artículo 40 que reconoce a todos el derecho de emigrar: “Nadie será considerado ilegal a causa de su condición de emigrante”
El poder ciudadano se amplía también al ámbito económico. Tres artículos colocan la deuda pública bajo control popular. Energía, telecomunicaciones, recursos naturales, agua, transporte y refinería de hidrocarburos, biodiversidad, todo esto en el futuro se encuadra en el dominio de los “sectores estratégicos, servicios y empresas públicas”. Las empresas públicas y privadas tendrán la obligación de hacer una gestión “participativa, transparente y eficaz”. Al mismo tiempo, son proclamadas la gratuidad de la educación hasta la universidad (incluida), la generalización de la Seguridad social, la gratuidad de la asistencia médica y la prohibición de toda discriminación.
Ecuador es declarado país de paz. Las bases militares extranjeras serán prohibidas (artículo 5).
Tantas posibilidades y derechos nuevos contrarían la voluntad de los EE.UU. y los intereses de la oligarquía ecuatoriana. Si Washington actúa aquí menos frontalmente que en Venezuela o Bolivia, sus aliados locales están enfurecidos. Dispersa y desacreditada, sin líder nacional, la derecha juega al enfrentamiento separatista entre las dos grandes ciudades, Guayaquil, en su poder, y la capital Quito. La jerarquía de la iglesia católica es la que ha tomado el testigo. El arzobispo de Guayaquil y hombre del Opus Dei, monseñor Arregui ha lanzado una cruzada contra una Constitución que considera favorable al aborto y al matrimonio homosexual.
¿Podrá todo lo anterior hacer fracasar la dinámica de la nueva Constitución? Los sondeos indican lo contrario. Pero sobretodo los partidarios del Sí han iniciado una batalla que ha comenzado con una movilización sin precedentes entre los olvidados del “crecimiento” neoliberal: pobres, excluidos, barrios populares, para que hagan suya una Constitución que cambiará su vida.
Paul Euziere
(1) Alianza País: movimiento de Rafael Correa.
Pachakutik: movimiento portador de las reivindicaciones indígenas y medioambientales.
MPD: estructura electoral del Partido comunista marxista leninista